Augusto Tachini, socio de Insight Trust, formo parte del programa Estudio Abierto, emitido por Radio Rivadavia, en el cual explicó los principales requerimientos para obtener la residencia fiscal en Uruguay. Junto con Augusto Tachini participó del programa el Dr. Daniel Pérez, Abogado Tributarista en Argentina, aportando la visión Argentina acerca de la residencia fiscal en dicho país.

A partir de la aparición del COVID-19, Uruguay ha despertado un fuerte interés a nivel mundial como uno de los países que mejor ha manejado la crisis sanitaria.
A través del siguiente post daremos a conocer algunos beneficios del Uruguay desde el punto de vista fiscal que le permite ser una jurisdicción a considerar por parte de los extranjeros a la hora de buscar un país que ofrezca ventajas fiscales, estabilidad jurídica y política para instalarse y desarrollar negocios o realizar inversiones.

Para reducir el impacto económico negativo que dejará la pandemia del COVID-19, el gobierno uruguayo incentiva aún más el atractivo que despierta en los extranjeros instalarse en el país, y promueve beneficios para extranjeros que deseen radicarse fiscalmente.

La mayoría de los países ya han tomado medidas internas tendientes a paliar la situación, pero también, con la intención de generar criterios globales que tiendan a mejorar la situación mundial de manera uniforme, se han involucrado las organizaciones internacionales.
Al respecto, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) no se ha quedado atrás, y durante los últimos meses ha publicado algunas recomendaciones fiscales que podrían ser aplicadas por parte de las administraciones de los distintos países afectados, con el objetivo de atenuar el impacto que la crisis está generando sobre sus empresas y ciudadanos. Hasta ahora, la OCDE trabajó siempre en aumentar la recaudación acorralando a contribuyentes. Por primera vez, gracias a la crisis del COVID 19, la OCDE recomienda bajar impuestos, entre otros alivios para contribuyentes.

A partir de la aprobación de la denominada “Ley de solidaridad y reactivación productiva en el marco de la emergencia pública” (en adelante “Ley de Solidaridad y Reactivación Productiva”) aprobada por el nuevo gobierno electo argentino en diciembre de 2019, y considerando que la misma ha traído consigo algunas modificaciones desde el punto de vista fiscal, se han manejado distintas opiniones acerca de cómo esta impacta en los Trust desde dicho punto de vista.

En consonancia con los cambios legales propuestos por la OCDE en materia de elusión fiscal y siguiendo los pasos de otras jurisdicciones denominadas “offshore”, Belice a aprobado a fines del 2019 su ley de sustancia (en adelante “La Ley”), la cual comparte casi en su totalidad las características de la ley de sustancia aprobada por BVI a comienzos del 2019.
La Ley menciona taxativamente cuáles serán las actividades consideradas relevantes y que, por lo tanto, deberán cumplir con ciertos requisitos de sustancia a menos que entren en alguna de las excepciones mencionadas más adelante.

Para conocer qué tipo de sustancia se requiere y cuáles son las sociedades que deberán cumplir con la nueva normativa lea el informe completo aquí.