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Con una operación estratégica de US$ 175 millones, BTG Pactual de Brasil —el banco de inversión más grande de América Latina— adquirió la filial uruguaya del HSBC. Esta decisión no solo marca un hito para el mercado financiero local, sino que también confirma lo que profesionales del mundo legal, tributario y financiero vienen señalando hace tiempo: Uruguay se ha consolidado como un hub de confianza, estabilidad y eficiencia para la banca privada y la gestión patrimonial en América Latina.

Simon Entwistle solicitó a los tribunales ingleses £2.5 millones de la fortuna de su exesposa Jenny Helliwell, una empresaria con un patrimonio estimado de £65 millones. Las partes habían firmado un acuerdo prenupcial para proteger la riqueza de la esposa en caso de divorcio, algo que Entwistle estaba ansioso por eludir.

Hasta ahora, el Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF) en Uruguay solo alcanzaba las rentas generadas dentro del país, y aquellas del exterior que derivan de intereses, dividendos o rendimientos mobiliarios, gracias a modificaciones introducidas en 2011.
Sin embargo, las ganancias de capital —como el aumento en el valor de acciones u otros activos en el exterior— quedaban fuera de la tributación.

Las Islas Vírgenes Británicas (BVI), uno de los principales centros financieros offshore, han introducido nuevas disposiciones regulatorias que transforman el acceso al Registro de Beneficial Ownership (BO Register). Estas normas surgen como respuesta al equilibrio complejo entre las demandas internacionales de transparencia y la necesidad de proteger la confidencialidad de quienes estructuran su patrimonio en BVI.
A partir de julio 2025, se establece un régimen de acceso basado en la figura del “legitimate interest” (interés legítimo), que permitirá a ciertos actores acceder a la información de beneficiarios finales bajo condiciones estrictas. Esta evolución normativa tiene un impacto directo sobre la planificación patrimonial, la privacidad de los clientes de altos patrimonios y la gestión de riesgos.

En agosto de 2025 ingresó al Congreso peruano un proyecto de ley que busca crear un Impuesto a los Bienes de Lujo (IBL). La iniciativa, presentada por la congresista Sigrid Bazán, propone gravar con un 1% anual determinados activos suntuarios de alto valor —joyas, obras de arte, aeronaves privadas, objetos de colección— ubicados en el país.
Aunque aún en debate parlamentario, el proyecto ha despertado atención tanto en medios de comunicación como en los círculos de inversión y planificación patrimonial, por sus posibles implicancias para residentes y no residentes. A continuación, resumimos sus principales disposiciones, los objetivos políticos de la propuesta, su recepción pública y las consecuencias prácticas para quienes gestionan patrimonios de alto valor, con referencias a experiencias comparadas en otras jurisdicciones.

Este informe técnico examina los cinco territorios habitados de Estados Unidos: Puerto Rico, Islas Vírgenes de EE.UU., Guam, Samoa Americana y las Islas Marianas del Norte, evaluando sus marcos jurídicos y fiscales en comparación con plazas internacionales consagradas (p. ej., Suiza, Islas Caimán, Singapur). Si bien cada territorio posee características únicas, todos comparten el amparo del sistema legal estadounidense y ciertas ventajas de privacidad derivadas de la posición de EE.UU. en materia de intercambios de información financiera. A continuación, se presenta un análisis equilibrado de cada jurisdicción, seguido de una breve comparativa con otros centros patrimoniales globales, orientado a orientar a inversores extranjeros sobre oportunidades y consideraciones clave.