La Ley n.º 14.754/2023 ha establecido nuevas directrices sobre el tratamiento fiscal aplicable a los trusts constituidos en el exterior, generando importantes implicancias jurídicas en materia tributaria para contribuyentes residentes en Brasil que tengan relación con tales estructuras fiduciarias. La Respuesta de las Autoridades brasileras a la Consulta n°75/2025 reafirma la interpretación sobre Trusts irrevocables y discrecionales.

En el ámbito de la banca privada internacional y la planificación patrimonial, elegir la estructura adecuada puede marcar la diferencia en la preservación, protección y administración eficiente de grandes patrimonios. Las figuras jurídicas del Trust, la Fundación y la Private Trust Company (PTC) ofrecen soluciones únicas adaptadas a distintas necesidades y objetivos familiares y financieros.

Existe en Uruguay mucha confusión respecto del alcance de las licencias del Mercado de Valores (MC) que el Banco Central Uruguayo (BCU) puede autorizar, por lo tanto, la intención de este documento es definir brevemente las licencias de Intermediarios de Valores (Intermediarios), Asesores de Inversión (Asesores) y Gestores de Portafolios (Gestores), incluyendo a su vez, un breve análisis de las obligaciones vinculadas al intercambio automático de información financiera en Uruguay (CRS) según lo dispuesto por la Ley 19.484 y sus decretos reglamentarios.

Muchos extranjeros creen que no están sujetos a impuestos en Estados Unidos porque no viven allí, o porque su sociedad —una LLC disregarded o una partnership, por ejemplo— no paga impuestos a nivel corporativo. Otros simplemente suponen que vender servicios online, tener una cuenta bancaria, operar con proveedores locales o hasta alquilar una propiedad desde el exterior no los convierte en contribuyentes ante el IRS. Pero la realidad es más compleja, y mucho más riesgosa.

Opciones para Obtener la Residencia Fiscal
De acuerdo con la legislación uruguaya vigente, una persona física puede adquirir la residencia fiscal cumpliendo alguna de las siguientes condiciones:

En el presente informe analizamos una selección de jurisdicciones comúnmente utilizadas en estrategias de planificación fiscal y protección patrimonial para clientes de altos patrimonios. La elección de estas jurisdicciones se basa en criterios clave como estabilidad jurídica y política, marcos regulatorios favorables, ventajas fiscales específicas, confidencialidad, y la reputación internacional de cada una. Asimismo, se consideran factores prácticos como la facilidad de incorporación de estructuras, el acceso a servicios financieros internacionales y la posibilidad de adaptación a estructuras fiduciarias y societarias eficientes.

El presente memorándum tiene por objetivo analizar el funcionamiento del Impuesto Federal a las Herencias (Federal Estate Tax) en los Estados Unidos, con especial énfasis en su aplicación a no residentes que poseen activos situados en dicho país. Asimismo, se detallan alternativas de estructuración internacional, como sociedades y fideicomisos extranjeros, orientadas a mitigar los efectos fiscales adversos derivados de este impuesto.

La Comisión de Servicios Financieros de las BVI extiende la fecha de presentación de las declaraciones anuales para las sociedades incorporadas en 2024

La AFIP emitió un comunicado informando que Argentina cuenta con las medidas de seguridad necesarias para el manejo de la información y con la infraestructura adecuada para realizar de manera efectiva el primer intercambio automático de información financiera con los EE.UU.

EMPRESAS Multinacionales con ingresos superiores a EUR 750.000.000 verán incrementados sus impuestos a partir de 2024, un ejemplo es GOOGLE, que tenía un promedio de pago de impuesto a las ganancias de 3.1%[i] y a partir de este año deberá tributar al 15%.
La OCDE, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, viene perfeccionando planes y políticas para mejorar la coherencia de la normativa fiscal internacional y garantizar una fiscalidad más transparente.

El pasado 24 de octubre de 2023, se suscribió por parte de Uruguay y los EEUU un Acuerdo para el Intercambio de Información Tributaria.
A grandes rasgos, por intermedio de este Acuerdo se prevé que ambos estados puedan colaborar en el intercambio de información con fines fiscales a requerimiento, de manera automática y/o espontánea.
La información a intercambiar es aquella que se encuentre bajo poder de las autoridades o en posesión o control de personas que se encuentren en el territorio de la jurisdicción requerida.
El Informe completo incluye detalles sobre cómo es el tratamiento de la información y en que consiste cada uno de los intercambios previstos. Para acceder al informe completo de Insight haga click en Leer Más.

En el pasado era imposible para las Autoridades Fiscales fiscalizar cuentas que sus contribuyentes tenían en instituciones financieras del exterior. Suiza fue la jurisdicción más famosa por su Secreto Bancario hasta el 2009, cuando EE.UU. forzó a este país a revelar la información financiera de sus contribuyentes. A partir de ese momento, comenzó el fin del Secreto Bancario. Las Autoridades Fiscales de todo el mundo acordaron a partir del 2014, por intermedio del Estándar Común de Intercambio o Common Reporting Standard (CRS), el inicio del Intercambio Automático de Información Financiera entre países, con excepción de los EEUU quien había aprobado en el año 2010, con entrada en vigencia a partir del 2013, la ley FATCA para la fiscalización de cuentas bancarias que residentes americanos mantuvieran en el exterior.

En Brasil es posible, por ahora, para los contribuyentes personas físicas diferir los impuestos a las ganancias provenientes del exterior a través de una sociedad Offshore. Esta estrategia de planificación fiscal ha sido atacada por varios gobiernos sin éxito, ya que el Lobby brasilero ha sido más. ¡Este gobierno vuelve al ataque sobre una norma muy resistida!
Luego de la fallida Medida Provisorio N° 1.171 (MP) impulsada por el Poder Ejecutivo brasilero y el también intento frustrado de incorporar ciertos puntos que está establecía a una nueva Medida Provisoria, la N° 1.172, es que el gobierno brasilero impulsó un nuevo proyecto de ley, número 4.173 (PL), con fecha el 29 de agosto del 2023. El motivo del mismo es aprobar las reformas fiscales propuestas inicialmente (con algunos pequeños agregados) las cuales impactan directamente en el diferimiento fiscal por rentas pasivas generadas en el exterior a través del uso de estructuras jurídicas extranjeras.

Pasadas semanas surgieron algunas versiones de prensa que mencionaban el intercambio de información automático entre Argentina y los EE.UU. como una realidad o como una cuestión que estaba próxima a concretarse.

Con el objetivo de dar un poco de luz al tema, en el siguiente artículo aclararemos cual es la situación actual de cada uno de los países respecto del intercambio automático de información y cómo funciona el acuerdo que existe hoy en día entre ambos países referente a este asunto.

La última reforma fiscal en Argentina en 2017 determinó que las estructuras jurídicas de cualquier naturaleza, donde los contribuyentes argentinos mantengan control, directo o indirecto serán consideradas transparentes y los activos y ganancias tributan en cabeza del contribuyente con control. La misma reforma aclara que la Autoridad Fiscal no tendrá potestad tributaria sobre un fideicomiso extranjero irrevocable, con fiduciarios independientes y beneficiarios discrecionales. En consecuencia, si un argentino quiere proteger su patrimonio de impuestos, cepos, embargos u otro tipo de arrebato tiene dos opciones, aportarlos a un Trust o mudarse de país.

Para reducir el impacto económico negativo que dejará la pandemia del COVID-19, el gobierno uruguayo incentiva aún más el atractivo que despierta en los extranjeros instalarse en el país, y promueve beneficios para extranjeros que deseen radicarse fiscalmente.

Las distintas jurisdicciones offshore, entre ellas BVI, han implementado cambios normativos tendientes a dar cumplimiento a las presiones internacionales en cuestiones relacionadas con la transparencia.
En este sentido, avanzando aún más en dicho aspecto, el gobierno de BVI resolvió implementar ciertas modificaciones a la ley de sociedades comerciales local, denominada “Business Company Act” (BCA), las cuales están previstas que entren en vigencia a partir del 01 de enero de 2023. Entre ellas se encuentra el Registro público de directores, presentación

Estados Unidos se encuentra en un proceso de cambios legales enmarcados en el Corporate Transparency Act (CTA) o ley de transparencia empresarial, por los cuales se pretende establecer la comunicación de beneficiarios finales al Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) de EEUU, por parte de las estructuras societarias allí incorporadas o aquellas extranjeras que lleven adelante actividades comerciales en los EEUU .
Si bien la norma fue aprobada por el Congreso de los EEUU el 01 de enero de 2021 por intermedio de la ley de defensa, aún quedaban muchos aspectos a esclarecer y pulir por intermedio de las reglamentaciones, para que dicha comunicación de beneficiarios finales se haga realmente efectiva.
Es en este sentido, por intermedio del presente Newsletter queremos hacerles llegar las últimas actualizaciones referentes a este asunto y mantenerlos informados acerca de los avances.

El mundo va camino a la transparencia y este hecho puede que sea motivado por la voracidad fiscal de las grandes potencias, por un objetivo de justicia social o tal vez para evitar el lavado de activos y actividades criminales, cada uno tendrá sus propias valoraciones al respecto, lo cierto es que las jurisdicciones offshore no han sido ajenas a dicha tendencia, y muchas veces presionadas por las grandes potencias que ponen en tela de juicio su credibilidad e incluso las amenazan con incorporarlas a listas negras, han tenido que ir adaptando su legislación.
La intención del presente documento es contarles algunas de las últimas novedades normativas que se han aplicado en algunas jurisdicciones, principalmente en Panamá y Belice.

Con agrado anunciamos la publicación en Thomson Reuters Argentina | LEGAL y Thomson Reuters Uy del artículo referente a Trusts y su impacto en Latinoamérica elaborado por nuestro socio y director Augusto Tachini.
En momentos, como el actual, donde reina la inestabilidad política en buena parte de Latinoamérica siempre es importante buscar alternativas que protejan nuestro patrimonio y garanticen una sucesión ordenada para nuestros herederos.
En este sentido el Trust se ha convertido en una excelente herramienta que garantiza una planificación sucesoria a medida, una protección patrimonial ideal y muchas veces un importante ahorro fiscal sobre los bienes allí aportados.

Si bien la figura del Trust cuenta con cientos de años de historia en el derecho anglosajón o mejor conocido como “Common Law”, el mismo ha tomado especial relevancia en la región en las últimas décadas. Esta aparición del Trust como un elemento a considerar, surge como consecuencia de la inestabilidad política, social y económica que se vive en varios países de Latinoamérica, la cual ha llevado a familias de altos patrimonios a la necesidad de resguardar los mismos ante los avatares antes mencionados, y a su vez, a pensar en una planificación sucesoria que les permita custodiar y mantener su riqueza a lo largo de las generaciones.

Ante la evolución favorable de la pandemia en el Uruguay, principalmente producto de la fuerte campaña de vacunación impulsada por el Gobierno (al día de hoy se registra un porcentaje mayor al 70% de la población inmunizada con dos dosis de alguna de las vacunas contra el COVID-19, y ya cerca de un 10% de la misma cuenta con una tercera dosis de refuerzo del laboratorio Pfizer), se ha comenzado a flexibilizar gradualmente el ingreso de extranjeros al país a través de la apertura de las fronteras (tanto terrestres, como aéreas y marítimas).
A las ya conocidas excepciones que les permitían a los extranjeros ingresar al país.

Dicha reglamentación permite poner en marcha la recaudación del mal llamado aporte solidario y confirmó varios aspectos controversiales de la ley, entre otros:
• Grava variaciones patrimoniales anteriores a la vigencia de la ley,
• Grava personas con patrimonio y residencia fiscal fuera de Argentina,
• Grava el patrimonio de las personas, duplicando el impuesto de Bienes Personales,
• Discrimina a contribuyentes con activos en el exterior versus activos en Argentina,

Con fecha 29 de enero de 2021 se aprobó en Argentina, mediante el decreto 42/2021, la reglamentación del “Aporte Solidario y Extraordinario para ayudar a Morigerar los efectos de la Pandemia” ley 27.605 (“Impuesto a las Riquezas”), la cual entró en vigencia el 18 de diciembre de 2020.
Dicha reglamentación permite poner en marcha la recaudación del mal llamado aporte solidario y confirmó varios aspectos controversiales de la ley, entre otros:
• Grava variaciones patrimoniales anteriores a la vigencia de la ley,
• Grava personas con patrimonio y residencia fiscal fuera de Argentina,
• Grava el patrimonio de las personas, duplicando el impuesto de Bienes Personales,
• Discrimina a contribuyentes con activos en el exterior versus activos en Argentina,

Si bien el Impuesto al patrimonio (IP) es un impuesto poco aplicado a nivel mundial, este aún sigue aplicando en Uruguay. Por tal motivo, y teniendo en cuenta que al 31 de diciembre de cada año es cuando se toma la foto para el pago de dicho impuesto para la mayoría de los sujetos pasivos es que creemos oportuno refrescar algunos conceptos, y, sobre todo, ver las posibles medidas que puedan tomarse a efectos de posicionarse de la manera más eficiente posible frente al mismo.

Aquellos argentinos que actualmente tengan bienes en Argentina o en el exterior que superen los $ 200.000.000, aproximadamente USD 2,5MM considerando el tipo de cambio oficial actual (este monto en USD puede seguir bajando si consideramos la tendencia devaluatoria del tipo de cambio en Argentina) deberán pagar este impuesto.

Todas las Entidades (exentas y no exentas) deberán presentar anualmente una Declaración de Impuestos Simplificada (DJ) ante la Autoridad Fiscal de Nevis. A partir del 2020, para aquellas compañías activas registradas hasta 31 de diciembre de 2019, y a partir del 2021, para aquellas compañías incorporadas desde el 01 de enero de 2020.

En Uruguay se distingue la residencia legal de la fiscal, tratándose de dos cuestiones independientes.
Por un lado, la residencia legal es aquella que permite obtener un documento de identidad uruguayo, el cual facilita las entradas y salidas del país, la permanencia en Uruguay más allá de aquella en calidad de turista y, por otra parte, permite a la persona que la obtenga, trabajar aquí. Mientras que la fiscal es aquella que somete al sujeto a la normativa fiscal uruguaya, convirtiéndolo en sujeto de impuestos en el Uruguay.

Augusto Tachini, socio de Insight Trust, formo parte del programa Estudio Abierto, emitido por Radio Rivadavia, en el cual explicó los principales requerimientos para obtener la residencia fiscal en Uruguay. Junto con Augusto Tachini participó del programa el Dr. Daniel Pérez, Abogado Tributarista en Argentina, aportando la visión Argentina acerca de la residencia fiscal en dicho país.

A partir de la aparición del COVID-19, Uruguay ha despertado un fuerte interés a nivel mundial como uno de los países que mejor ha manejado la crisis sanitaria.
A través del siguiente post daremos a conocer algunos beneficios del Uruguay desde el punto de vista fiscal que le permite ser una jurisdicción a considerar por parte de los extranjeros a la hora de buscar un país que ofrezca ventajas fiscales, estabilidad jurídica y política para instalarse y desarrollar negocios o realizar inversiones.

La mayoría de los países ya han tomado medidas internas tendientes a paliar la situación, pero también, con la intención de generar criterios globales que tiendan a mejorar la situación mundial de manera uniforme, se han involucrado las organizaciones internacionales.
Al respecto, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) no se ha quedado atrás, y durante los últimos meses ha publicado algunas recomendaciones fiscales que podrían ser aplicadas por parte de las administraciones de los distintos países afectados, con el objetivo de atenuar el impacto que la crisis está generando sobre sus empresas y ciudadanos. Hasta ahora, la OCDE trabajó siempre en aumentar la recaudación acorralando a contribuyentes. Por primera vez, gracias a la crisis del COVID 19, la OCDE recomienda bajar impuestos, entre otros alivios para contribuyentes.

A partir de la aprobación de la denominada “Ley de solidaridad y reactivación productiva en el marco de la emergencia pública” (en adelante “Ley de Solidaridad y Reactivación Productiva”) aprobada por el nuevo gobierno electo argentino en diciembre de 2019, y considerando que la misma ha traído consigo algunas modificaciones desde el punto de vista fiscal, se han manejado distintas opiniones acerca de cómo esta impacta en los Trust desde dicho punto de vista.

En consonancia con los cambios legales propuestos por la OCDE en materia de elusión fiscal y siguiendo los pasos de otras jurisdicciones denominadas “offshore”, Belice a aprobado a fines del 2019 su ley de sustancia (en adelante “La Ley”), la cual comparte casi en su totalidad las características de la ley de sustancia aprobada por BVI a comienzos del 2019.
La Ley menciona taxativamente cuáles serán las actividades consideradas relevantes y que, por lo tanto, deberán cumplir con ciertos requisitos de sustancia a menos que entren en alguna de las excepciones mencionadas más adelante.

Para conocer qué tipo de sustancia se requiere y cuáles son las sociedades que deberán cumplir con la nueva normativa lea el informe completo aquí.

Entendiendo que las instituciones financieras ubicadas fuera de los EE.UU. no están sometidas a los mismos controles que las instituciones financieras domésticas, el Foreign Bank Account Reporting (FBAR) es utilizado por los EE.UU. como una herramienta que permite identificar personas en el sentido amplio, físicas y jurídicas, que podrían estar utilizando cuentas financieras fuera de los EE.UU. para eludir la ley de los EE.UU.
Lea el informe completo aquí.

Una de las formas para obtener la Residencia Fiscal en Uruguay es permanecer 183 días en un año. El método es gratis y permite salidas esporádicas menores a 30 días, eso sumado a las vacaciones fiscales por 6 años creó un combo perfecto de cambio de Residencia y Planificación Fiscal. Pero cuidado, las autoridades fiscales uruguayas rechazan las solicitudes de Residencia Fiscal por abuso de salidas esporádicas.

BVI aplaza el día para cumplir con los requisitos de sustancia económica previstos por el Art. 2018, para el 1 de octubre de 2019.
Dichos requisitos son aplicables para las compañías y sociedades de responsabilidad limitada incorporadas en dicha jurisdicción. Para conocer qué tipo de sustancia se requiere y cuáles son las sociedades que deberán cumplir con la nueva normativa lea el informe completo.

Una forma de obtener la residencia fiscal en Uruguay por parte de un residente extranjero es demostrando que sus intereses económicos se encuentran en el país y, una de las formas de probarlo es a través de sus inversiones en territorio nacional.
Este régimen sumado al Tax Holiday de Uruguay para nuevos residentes fiscales forma un paquete de Residencia fiscal y planificación fiscal muy interesante.
Lea el Informe completo sobre la residencia fiscal en Uruguay, incluidas las consideraciones prácticas para la opción de inversión en bienes raíces.

Esta confusión no es nueva, recuerdo allá por el 2010 los mensajes de los banqueros suizos sobre el fin del secreto bancario eran muy confusos. Algunos mencionaban que se acababa y otros que no, otros afirmaban que la transparencia se acercaba pero solo para Europa y EE.UU. Para los especialistas en tributación internacional, la respuesta era clara: era el fin del Secreto Bancario en Suiza y no había vuelta atrás.

Panamá aprobó su legislación primaria de CRS en 2016, luego aprobó una segunda ley en 2017, y para que pueda ser aplicable a partir de 2018, el decreto reglamentario fue publicado el 26 de diciembre de 2017.
Lo mismo pasó en Bahamas donde inclusive las autoridades publicaron las obligaciones y fechas límites para entidades depositarias, de custodia y entidades de inversión aquí.